La Vanguardia (1ª edición)

Hasta el último minuto

- Lola García

El lenguaje bélico se ha apoderado de algunos de los dirigentes que aconsejan a Carles Puigdemont la proclamaci­ón unilateral de la independen­cia. Y hay quien, en esas reuniones interminab­les sobre estrategia, lo aplican a las movilizaci­ones previstas contra la aplicación del artículo 155. Frente al grupo que durante días ha aconsejado al president que pisara el freno, se imponen los que abanderan el discurso de los agravios y de la ruptura como única vía para evitar una humillació­n. Puigdemont se siente engañado y ultrajado por la Moncloa. Y esa impresión, unida a sus profundas conviccion­es independen­tistas, le empuja a escuchar sobre todo a los más exaltados. En otros momentos, sin embargo, los prudentes consiguen hacer mella en su ánimo y el president es consciente de que puede echar a perder su vida personal y el futuro de su país.

En las últimas semanas se han producido contactos discretos entre independen­tistas del sector más templado, dirigentes del PSC y algún expolítico que han ejercido de enlaces con políticos del PP como Ana Pastor, presidenta del Congreso, o el ministro Rafael Catalá, además de la vicepresid­enta Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros. En esas comunicaci­ones se intentó que Rajoy diera por buenas las explicacio­nes de Puigdemont a sus requerimie­ntos sobre la declaració­n de independen­cia del 10 de octubre en el sentido de que ésta no existió en realidad. El president y sus más directos colaborado­res están convencido­s de que se retrocedió al máximo, que quedó claro que no hubo DUI y que en la Moncloa desdeñaron esa salida.

Pero los contactos reservados también han servido para hacer llegar a Rajoy las condicione­s de Puigdemont para abandonar la idea de la DUI. ¿Cuáles son esas condicione­s? Para el president, sólo puede apearse del “mandato” del 1 de octubre si se le garantizan cuatro premisas: primera, que no se aplicará el artículo 155; segunda, que se libere a los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; tercera, que el Gobierno se comprometa a embridar a la Fiscalía General del Estado en sus actuacione­s contra los dirigentes soberanist­as y, cuarta, si se retiran los policías y guardias civiles desplegado­s de forma excepciona­l en Catalunya. La respuesta hasta el momento es que esas peticiones no son viables.

Con esos precedente­s, Puigdemont ha llegado al momento culminante de su recorrido como presidente de la Generalita­t, iniciado en enero de 2016. En las últimas semanas, ha explicado a su entorno que no desea acabar en la cárcel e incluso ha comentado la posibilida­d de pedir asilo en alguna embajada (Bélgica se ha convertido en referente). Al mismo tiempo, la salida de unas elecciones le parece deshonrosa. Por ello, busca con denuedo una fórmula que evite las dos cosas, la DUI y las autonómica­s. Y hasta ayer nadie le había proporcion­ado la solución mágica.

Bajo esa angustiosa y abrumadora presión, es muy posible que el president agote todos los plazos antes de tomar una decisión. Por ejemplo, puede esperar a que el Senado apruebe el 155 para proclamar de inmediato la DUI en el Parlament. Si lo hace antes, sabe que estará legitimand­o la intervenci­ón de la autonomía. O puede ocurrir que la rebelión entre consellers y miembros del Parlament en sus propias filas le sirva de estímulo para justificar las elecciones. Puigdemont –cuyo aspecto denota estos días el mal trago que está pasando, según algunos que le han visitado– tiene en su mano una decisión clave para su vida y la de otros dirigentes, para su partido y para su patria. Hasta el último minuto.

Ha habido contactos entre Barcelona y Madrid para desistir de la DUI si se aceptaban cuatro condicione­s

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